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PRISIONEROS
 
La detención administrativa: Descarada violación israelí al derecho internacional
15 de agosto 2016

En principio, la detención administrativa es considerada un recurso extremo y último. Las normas y principios internacionales ponen a la detención administrativa en manos de los gobiernos para resolver casos inusuales que comprometen la seguridad nacional. Sin embargo, Israel no lo utiliza dentro de estos términos. Israel recurre a la detención administrativa muy frecuentemente para burlar el derecho internacional y, con ello, los derechos de los prisioneros palestinos, hasta el punto de convertirla en recurso habitual de las políticas de la ocupación israelí desde 1967. Israel impone severos e ilimitados castigos a los prisioneros palestinos y se basa en “expedientes secretos” impidiendo tanto a los prisioneros como a sus abogados defensores acceder a los mismos, negándoles el derecho a un juicio justo. Desde el año 2000, Israel ha emitido 25.000 órdenes de detención administrativa, que a menudo han sido renovadas muchas veces. La ocupación israelí usa la medida como medio de castigo colectivo contra decenas de miles de palestinos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, e incluso contra niños.

Israel reiteradamente alega que sus fuerzas de ocupación utilizan la detención administrativa cuando fracasan otras medidas de seguridad. Sin embargo, esto no es así en modo alguno. Israel da sistemáticamente a su ejército de ocupación luz verde para cometer todo tipo de violaciones al derecho internacional.

Israel utiliza la detención administrativa de forma amplia y frecuente violando la propia naturaleza de la misma según lo establecido por el derecho, los principios y las normas internacionales. La utiliza con malicia y en función de sus intereses. La medida en virtud del derecho internacional está destinada a evitar posibles e inusuales peligros; Israel la utiliza rutinariamente para mantener en cautiverio a decenas de miles de palestinos por tiempo indefinido.

La utiliza, en muchos casos, en lugar de la condena basada en el debido proceso penal, especialmente cuando las autoridades de la ocupación carecen de evidencia que justifique una condena, o ante la imposibilidad de hacer pública la evidencia. La utiliza de manera descaradamente ilegal y borrando la diferencia entre un procedimiento preventivo y un procedimiento punitivo. El derecho internacional justifica su uso, únicamente, ante la inminencia de amenaza imposible de evitar por otros medios.

Israel no garantiza el juicio justo ni el debido proceso. Los prisioneros palestinos no tienen acceso a la alegada evidencia según la cual se los encarcela, ni se les da la posibilidad de defenderse. Muy al contrario, el uso en los “juicios” de expedientes “secretos” como método para eludir las disposiciones del derecho internacional es la norma y no la excepción. El sistema judicial israelí no limita el uso de la detención administrativa por parte de sus fuerzas armadas. El sistema judicial israelí deja esta práctica en manos de su servicio de inteligencia desestimando los derechos de los prisioneros, impidiendo a éstos el libre acceso al juicio justo.

La ley israelí, en directa violación al derecho internacional, acepta imponer la detención administrativa por períodos de hasta 6 meses infinitamente renovables. Por lo cual muy a menudo las fuerzas israelíes renuevan las órdenes de detención administrativa una y otra vez. Por ejemplo: en julio de 2009, el 79% de los prisioneros palestinos puestos bajo detención administrativa fueron mantenidos en cautiverio durante más de seis meses, lo cual significa que fueron sometidos a más de un período de este tipo de detención. Y el 2% de ellos fue mantenido hasta 4 años bajo detención administrativa.

Las fuerzas de la ocupación israelí, casi habitualmente, trasladan a los palestinos residentes en los territorios ocupados por Israel desde 1967 para encarcelarlos dentro del territorio que consideran del "Estado de Israel" (que el sionismo ocupa desde 1948), en descarada violación al derecho internacional, que prohíbe tal traslado. Lo cual, entre otras barbaridades como la imposición de restricciones al movimiento de los palestinos residentes en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, dificulta enormemente la posibilidad de las familias de los prisioneros políticos palestinos de realizar visitas a sus seres queridos encarcelados en “Israel”.

En la actualidad, más de 7.000 palestinos se encuentran en cautiverio en cárceles de la ocupación israelí, entre ellos más de 400 niños y más de 60 mujeres. 750 del total de prisioneros palestinos están en detención administrativa.

Israel lleva más de 68 años violando todas y cada una de las disposiciones, principios, normas, resoluciones, tratados, convenios, acuerdos y leyes del derecho internacional por medio de una larga lista de horrendos crímenes que comete a diario contra el pueblo palestino, ante los ojos de toda la humanidad.

 
Fuente: Comité de Asuntos de los Prisioneros/ OLP (هيئة شوؤن الاسرى والمحررين)

 
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