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REFUGIADOS
 
Dividir el botín de guerra
Salman Abu Sitta / mayo 2011


Mientras los titulares de las noticias se han estado refiriendo a las demandas para que se paralice o se suspenda [la creación de] asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados, y a las maniobras en la conferencia de Fatah celebrada en Belén, Israel ha puesto en marcha la operación más devastadora desde la limpieza étnica de palestinos en la Nakba de 1948. Esta nueva operación tiene por objeto eliminar de manera irrevocable los derechos palestinos y las raíces históricas de Palestina.

Los dirigentes sionistas en Israel se han sentido lo suficientemente audaces como para transformar el lema ideológico de “Israel es judío” en una realidad sobre el terreno. La Knesset ha aprobado el pasado 3 de agosto [2009] una ley que permite la venta de terreno [propiedad] de refugiados palestinos “ausentes” a personas y entidades exclusivamente judías de cualquier parte del mundo. Con ello, se quiebra el derecho legal del propietario original palestino a su tierra al crearse una barrera entre el propietario y su propiedad. La aprobación de la nueva ley representa una iniciativa audaz por parte del actual gobierno israelí que ningún gobierno anterior se atrevió a contemplar.

Cabe recordar que el Estado de Israel se fundó en territorio ocupado de Palestina en 1948-49. El área conquistada es de 20.255 km2 lo que representa el 78% de la Palestina del Mandato [británico]. Las tierras ocupadas por Israel quedaron delimitadas por la línea del armisticio tal y como se definieron en los Acuerdos del Armisticio firmados por cuatro países árabes en 1949.

En aquel momento, lejos de poseerla legalmente, Israel ideó todo tipo de complejos marcos jurídicos para hacer uso de la tierra de los refugiados palestinos ausentes por temor a la condena internacional y a tener que rendir cuentas ante los tribunales internacionales.

Con la excepción de 1.429.000 donums (un donum equivale a 1000 metros cuadrados) de tierra judía según los registros del Mandato Británico, que representa sólo el 7% de la superficie de Israel, el resto de la tierra —que asciende a 18.826.000 donums, o el 93% de Israel— es tierra palestina. Esto incluye la propiedad de las tierras palestinas privadas y públicas, tierras de uso común o de usufructo y los recursos naturales, por encima o debajo del suelo.

Israel volvió después de 1948 a [ejecutar] actos premeditados de destrucción sistemática de aldeas palestinas, a la quema de cultivos agrícolas y al envenenamiento de los pozos, todo con la intención de disuadir a los refugiados palestinos de regresar a casa.

En el frente político, y un mes después de la expulsión de los refugiados palestinos en 1948, Israel declaró que no permitiría el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares bajo el pretexto de que ello supondría una amenaza a la seguridad de Israel. Sin embargo, para los israelíes, la cuestión pendiente seguía siendo cómo utilizar la vasta extensión de tierra conquistada y las valiosas propiedades palestinas en 14 ciudades diferentes sin que ello clamara la condena internacional que podría conducir al retorno de los refugiados palestinos y la recuperación de sus tierras y propiedades.

David Ben-Gurion, Primer ministro de Israel en aquel momento, temiendo que el mediador de la ONU, el Conde Folke Bernadotte, hiciera recomendaciones en el informe que se estaba preparando para la Asamblea General de las Naciones Unidas para [favorecer] el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, recurrió a un truco. Se diseñó un contrato de compraventa ficticia con el Fondo Nacional Judío (FNJ), una organización internacional exenta de impuestos, de 2.5 millones de donums de las más fértiles y mejores tierras de palestinos ausentes situadas a lo largo de la línea del Armisticio. De esta manera, Ben-Gurion podría afirmar que las tierras de los palestinos ausentes ya no estaban en posesión del Estado de Israel y que Israel no podía ser obligado a devolverlas a los refugiados palestinos, los legítimos propietarios de la tierra.

El Conde Bernadotte fue asesinado por un fanático israelí y, como Ben-Gurion había previsto, Naciones Unidas aprobó la Resolución 194 que reclama el retorno de los refugiados palestinos. Israel abortó las conversaciones con los países árabes en [la Conferencia de] Lausana en 1949-1950 celebrada para discutir la aplicación de la Resolución 194. Con el fracaso de la aplicación de la Resolución 194 de las Naciones Unidas, Israel se sintió suficientemente capaz de disponer de la tierra de los ausentes refugiados palestinos.

La Ley de Propiedad de los Ausentes

Mientras tanto, Israel promulgó la Ley de Propiedad de los Ausentes en el año 1950 que se aplica también a las propiedades del resto de los palestinos dentro de Israel a los que se ha dado en llamar con la expresión oxímoron de ausentes presentes. La ley designa al Estado custodio de buena fe encargado de todas las tierras de los ausentes palestinos sin derecho de propiedad absoluta.

En el mismo año de 1950 se promulgó otra ley que establece la "Autoridad para el Desarrollo", con el mandato de hacerse cargo de la custodia. Esta autoridad tiene la facultad de utilizar, alquilar y vender las tierras a entidades exclusivamente judías.

Los israelíes dedicaron los primeros diez años desde la fundación del Estado a resolver el conflicto con el FNJ que pretendía que la tierra palestina quedase registrada a nombre “del pueblo judío” a perpetuidad, mientras que Israel quería que lo fuera a nombre del Estado.

En 1960, Israel puso fin a la disputa legal sobre los bienes confiscados a los palestinos ausentes cuando se aprobó la Ley de la Administración de Tierras de Israel (la ILA [en sus siglas en inglés] que debería llamarse más correctamente Administración Israelí de Tierras). Esta ley combina todas las tierras controladas por el FNJ y por el Estado de Israel en el marco de ILA, y bajo las reglas del FNJ, que estipulan que dichas tierras no se utilizarán, alquilarán, o venderán sino a entidades judías. En consecuencia, 19 millones de donums han quedado hasta nuestros días bajo la autoridad de ILA.

La nueva ley que acaba de aprobar la Knesset el 3 de agosto otorga a ILA la autoridad para vender tierras de refugiados palestinos ausentes a personas judías que actualmente las tienen arrendadas, y a judíos de cualquier parte del mundo. Según la nueva ley, los kibutzim y moshav de Israel, los actuales inquilinos de la mayor parte de las tierras, se convertirían en los propietarios legales de las tierras palestinas situadas en zonas rurales, con derecho a modificar su uso agrícola —una actividad que los israelíes no dominan bien— con la construcción de zonas industriales, centros turísticos, comerciales y financieros judíos.

Coincidiendo con la promulgación de la nueva ley en la Knesset, se están llevando a cabo negociaciones actualmente entre el FNJ e ILA para intercambiar tierras. ILA necesita tierras de propiedad del FNJ en la zona central del país para construir nuevos complejos residenciales. A cambio, el FNJ recibiría tierras en Galilea, en el Naqab para el asentamiento de futuros inmigrantes judíos. Claramente, ninguna de las dos organizaciones posee el derecho de propiedad legal incuestionable sobre estas tierras.

Una vez que el FNJ adquiera las tierras en Galilea y en Naqab, las leyes del Fondo restringirán el uso de la tierra a judíos, excluyendo a los ciudadanos palestinos de Israel, una decisión claramente discriminatoria contra los propietarios legítimos de la tierra. El primer resultado del intercambio de tierras entre las dos organizaciones tras la aprobación de la Knesset será la transferencia de propiedad de 90.000 unidades de viviendas a los actuales inquilinos judíos que las ocupan.

Violando el Derecho Internacional

Naturalmente, la usurpación de las tierras de palestinos ausentes y su venta es una flagrante violación del Derecho Internacional. Además, es una violación estricta de las Regulaciones de La Haya de 1907 y de la IV Convención de Ginebra (artículo 147) que prohíbe la "apropiación generalizada de bienes". Además, estos actos contravienen las sentencias del Tribunal de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial en relación con el caso número 10, que prohíbe la confiscación de propiedad privada.

Además, Naciones Unidas emitió una serie de resoluciones en 1996, 1997 y 1998, por ejemplo la resolución 52/62, titulada "la propiedad de los refugiados palestinos y sus ingresos", que obliga a Israel a proteger las propiedades de los refugiados, documentar adecuadamente y proporcionar regularmente información sobre ellos. La resolución de Naciones Unidas 62/52 establece, además, que todos los ingresos que corresponden a estas propiedades desde 1948, son de derecho exclusivo de estos refugiados.

Israel persiste en desafiar el Derecho Internacional e incluso sus aliados estadounidenses y europeos que no están tomando medidas para disuadir a Israel de las violaciones constantes del Derecho Internacional y de los derechos humanos. El desafío de Israel está alcanzando proporciones sin precedentes, como se demostró hace tres semanas en el desalojo de residentes árabes de Jerusalén de sus casas ante los ojos de todo el mundo con casi ninguna protesta.

Es evidente que la expropiación de tierras aquí y allá para la construcción de asentamientos judíos en la cima de las colinas de Cisjordania es una política gubernamental, independientemente de qué partido esté en el gobierno.

Sin previo aviso, una nueva normativa ha declarado que la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950 se aplicará a cualquier persona de Cisjordania que se defina como "ausente" según esta ley. Según [el periódico israelí] Haaretz (de 2 de agosto), el juez del Tribunal de Ramallah ha emitido un fallo que dispone la aplicación de la Ley de Propiedad de los Ausentes en Cisjordania también, es decir, la confiscación por parte de Israel de las posesiones de los ausentes palestinos. Este fallo viola totalmente las Resoluciones de Seguridad de Naciones Unidas y la opinión jurídica de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2004, que de forma inequívoca afirma que Cisjordania es un territorio ocupado que no debe ser ni anexado ni usurpado.

Nuevas anexiones de territorio ocupado

Qué inquietante que a pesar de todos estos dramáticos acontecimientos, no haya habido ni una sola entidad árabe o extranjera que condene esta nueva y flagrante violación por parte israelí. Israel, incluso ha ido más lejos al publicar un anuncio en el diario palestino de Jerusalén Al Quds, el 28 de junio, en el que declara su intención de registrar a su nombre 139.000 donums de tierras situadas al norte y oeste de la zona del Mar Muerto en caso de que nadie objete este registro mediante la aportación de pruebas aceptables que acrediten derechos de propiedad . Con este anuncio, Israel privaría a un futuro nuevo Estado palestino de sus derechos soberanos sobre las aguas del Mar Muerto, de sus playas, de su riqueza mineral y de las fronteras con la vecina Jordania. En resumen, la confiscación por Israel de estas tierras equivale a la adquisición oficial de Israel de la mayor parte de la zona del valle del Jordán.

Lo que esto significa es que toda la cuestión de Palestina se ha reducido a los palestinos que viven en el exilio, y a que su tierra está disponible para la venta o el traspaso a cualquier judío de cualquier parte del mundo.

Dicho esto, sin embargo, las justas reclamaciones sobre la tierra siguen siendo válidas, independientemente de las leyes de los ocupantes o el paso del tiempo. Pero corresponde a los defensores de los derechos ponerse en pie y hacer lo que sea necesario.

El primero en hacer sonar la alarma de este amenazador acontecimiento fue [la organización palestina] Adalah (Justicia), el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, ubicado en Nazaret. Adalah hizo llegar al Fiscal General israelí una carta de fecha 22 de junio que impugnaba la legalidad de la venta de los bienes palestinos de acuerdo tanto con el Derecho Internacional como con la legislación israelí. A su vez, Itijah (Dirección), otra organización palestina con sede en Haifa, emitió una declaración condenando la iniciativa israelí de distribuir lo que Itijah denomina “botín de guerra” de 1948 entre los judíos de todo el mundo. Itijah ha pedido el apoyo árabe e internacional para detener este flagrante robo.

Exigir la condena árabe e internacional

Sin embargo, se tiene que producir un gran pacto que aún no ha tenido lugar. Ante todo, incumbe a la Liga Árabe redactar una resolución para la próxima reunión de septiembre de la Asamblea General de Naciones Unidas que exija la condena, la suspensión inmediata y la anulación de la venta de las propiedades de los palestinos ausentes. El proyecto de resolución debería pedir al Secretario general de la ONU que nombre una misión investigadora a Israel para que reúna información sobre los bienes de los refugiados palestinos ausentes, para velar por la debida y correcta inscripción de la titularidad de los legítimos propietarios palestinos, y establecer una estimación de la deuda por los ingresos que desde hace 62 años se deben por estos bienes a los propietarios legítimos (el experto en tierras de refugiados palestinos Jarvis ya reclamó eso en 1964). El nuevo proyecto de resolución debe solicitar que los bienes de los refugiados palestinos sean puestos bajo tutela internacional.

Es obligación de la Autoridad Palestina adoptar las urgentes medidas diplomáticas y prácticas necesarias para abordar este problema, porque, de lo contrario, se encontrará, en cualquier momento, sin tierra sobre la que algún día pueda establecerse en su nuevo Estado.

En cuanto a los 11 millones de habitantes palestinos dispersos en todos los países árabes y extranjeros, nunca abandonarán su derecho al retorno a sus hogares a pesar del hecho de que no han sido autorizados a elegir a sus propios representantes en un verdaderamente nuevo Consejo Nacional Palestino.

Por mucho tiempo que dure la lucha, al final el pueblo palestino creará órganos verdaderamente representativos que defiendan sus intereses y pongan fin al saqueo de sus bienes legítimos. Al final, la justicia prevalecerá con el eclipse del sionismo y la redención final de la Palestina árabe.

 

Salman Abu Sita es fundador y presidente de la Sociedad de la Tierra Palestina. El informe completo puede verse en inglés junto a mapas y tablas en hic-mena.org/ documents/SellingRefugeesLand2009.

 

 
 
Fuente:Rebelion / 26-9-2009 / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=92161
Traductor:Loles Oliván
Original: http://weekly.ahram.org.eg/2009/965/re2.htm / 23-9-2009
 
 
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